We the People Org es una organización de vigilancia para todos los estadounidenses. En nuestra lucha para promover la justicia social en los Estados Unidos, hemos creado una organización inclusiva llena de un grupo social y culturalmente diverso de estadounidenses que provienen de diferentes orígenes. Nosotros, la gente, fuimos formados en 2014 por un pequeño grupo de familiares, amigos, defensores sociales y abogados interesados ​​para tratar el problema del encarcelamiento masivo en California y la necesidad de una reforma penitenciaria. Durante esos primeros días de abogacía, determinamos que había una necesidad nacional de una organización dedicada a exponer la injusticia social y trabajar de manera afirmativa para lograr el cambio. Lanzamos nuestra organización sin fines de lucro a principios de 2016 y ahora estamos en el proceso de hacer crecer nuestra organización para promover la justicia social a nivel nacional.

En 2017, tomamos nuestro primer paso activo para iniciar el cambio al redactar una iniciativa, EL ACTA DE FELICIDAD JUSTA Y LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PERSONAS DE 2018 para cerrar las lagunas legales en California que han mantenido a nuestra población carcelaria en niveles históricos y sustancialmente por encima de su capacidad.

ARTÍCULOS DE INICIATIVA

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LEY DE FERIA JUSTA Y LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 2018

Iniciativa por

WE THE PEOPLE ORG.

www.wethepeopleorg.com

(888)245-9393

CARTA DE INTENCIÓN

CONVOCATORIA DE JUSTICIA

La Ley de Sentencias Justas y Seguridad Pública del Pueblo de 2018 es una propuesta de iniciativa electoral cuyo objetivo es reducir el gasto innecesario de preciosos dólares de impuestos a través de una reforma de sentencias segura y sensata. Durante décadas, nuestro estado ha gastado innecesariamente miles de millones de dólares de los contribuyentes al implementar leyes de sentencias irracionales. De hecho, se espera que el costo de encarcelar a cada uno de los 130,000 reclusos de California alcance un récord de $ 75,560 en el próximo año, más que suficiente para cubrir el costo anual de asistir a la Universidad de Harvard. * La falta de atención a la crisis carcelaria ha llevado a una disminución en presupuestar para educación, salud pública, programas sociales y otras áreas de preocupación.

A la vanguardia de este dilema se encuentra la controvertida “Ley de los Tres Ataques” de California, promulgada en 1994, la Ley de los Tres Ataques fue promocionada como un mecanismo para incapacitar a reincidentes violentos tales como abusadores de menores, violadores y asesinos. Sin embargo, ciertas disposiciones de la ley han provocado que muchos delincuentes no violentos sean sentenciados a “cadena perpetua” gratuita. Como resultado, se gastan innecesariamente millones de dólares en impuestos para albergar reclusos no violentos, de bajo riesgo y ancianos.

Esto se magnifica por la forma en que el código penal clasifica ciertos crímenes. En algunos casos, los delitos contra la propiedad como el robo y el robo no implican ningún tipo de violencia y se clasifican como delitos graves. Este acto busca rectificar esta práctica ilógica al enmendar el código penal para hacer una distinción entre violencia y no violencia. Bajo las pautas federales, esta misma distinción existe;18 USC 3559 (3) (H) (i), (ii). Las enmiendas servirán para proteger a los delincuentes no violentos de sufrir abortos involuntarios de la justicia.

En noviembre de 2016, los votantes de California aprobaron abrumadoramente la Proposición 57, que muchos creían que remediaría la sobrepoblación en las cárceles y ahorrarían los dólares de los contribuyentes al ofrecer una oportunidad para la liberación anticipada a “todos los delincuentes no violentos”. Sin embargo, el CDCR y los funcionarios estatales hicieron caso omiso de la voluntad de los votantes de California y excluyeron arbitrariamente a los terceros huelguistas no violentos a pesar del claro mandato de la Propuesta 57.

La Ley de Sentencias Justas y Seguridad Pública del Pueblo de 2018 refuerza la voluntad del Pueblo al:

  • Ahorro de cientos de millones de dólares en impuestos que se reinvertirán en educación para compensar las altas tasas de matrícula universitaria. Parte de este dinero también se destinará a instituciones de educación inferior con diseños para educar mejor a nuestros jóvenes.
  • Invertir en rehabilitación y programas de prevención del crimen juvenil.
  • Exigir una nueva sentencia como segundos huelguistas de terceros condenados por crímenes no violentos. Esto implica condenar al acusado a duplicar el tiempo que normalmente lleva el delito, además de las mejoras de la pena adicionales que se utilizaron en la audiencia de sentencia original.
  • Comportarse con las regulaciones vigentes de resentencia que promueven las preocupaciones de seguridad pública al garantizar que los abusadores de menores, violadores, asesinos y otros delincuentes peligrosos permanezcan tras las rejas.
  • Aliviar la sobrepoblación carcelaria y la intervención federal.

Es hora de dejar de jugar con los temores del público, y es hora de implementar estrategias inteligentes y seguras para combatir las injusticias que enfrentamos hoy. Encerrar a delincuentes no violentos, de bajo riesgo y tirar la llave no favorece la libertad, la justicia y el estilo estadounidense. De hecho, la sentencia justa es una catapulta para un cambio positivo en nuestro sistema de justicia. Al centrarse en la expansión de oportunidades educativas, rehabilitación y programas de prevención del delito, la Ley de Sentencias Justas y Seguridad Pública del Pueblo de 2018 valida el viejo adagio, “Una onza de prevención vale una libra de curación”. Tal vez mediante la eliminación de algunos de los causas que podríamos terminar el efecto.

 

* La prensa demócrata: lunes, 5 de junio de 2017, p.A5, por Don Thompson Prensa asociada

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CRÉDITOS 
# 1 Lizzy Stewart: Mamá / activista
# 2 Geri Silva: Activista formó hechos y el programa de oportunidad justa
# 3 Jeremy Stewart: Hijo-delincuente-víctima de las injustas leyes de sentencia de California.
# 4 Bill Roberts: Ex-ex-Los Angeles DA Los Ángeles
# 5 Gretchen Burns Bergman:  New Path y Mom United
# 6 James Whitehouse: abogado de apelación
# 7 Dan Liffick : productor ejecutivo / Director

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